2014

Inacción militar que olió a complicidad

Por Marcela Turati

Diversos hechos y testimonios apuntan a que la inacción del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, los pasados 26 y 27 de septiembre, no fue casual: los jefes castrenses tenían una excelente relación con el exalcalde José Luis Abarca y con su esposa, y el día del ataque a los normalistas no hubo presencia militar sino hasta mucho después del tiroteo, cuando las víctimas buscaban ayuda médica, la cual prometieron y no dieron. Hay otros datos: el año pasado el jefe de la policía de Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a delincuentes y hay un caso documentado de cuando levantaron y desaparecieron a seis jóvenes igualtecos en 2010.

La inacción del Ejército ante los hechos de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados ha generado sospechas entre diversos sectores; el ataque de más de tres horas a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa –donde tres fueron asesinados y 25 heridos por policías municipales de Iguala y Cocula y 43 más entregados al cártel Guerreros Unidos– ocurrió a menos de tres kilómetros de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

El 19 de octubre la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso citó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos para que explique lo que sabe del caso de los normalistas y la situación de violencia en Guerrero. (más…)

Versiones extrañas y contradictorias

Por Marcela Turati

Desde los primeros minutos del 27 de septiembre y hasta las tres de la tarde una pira fúnebre provocada por la combustión de llantas, plásticos, leños, botellas, latas y basura, y alimentada por diésel y gasolina, redujo a cenizas “a un amplio número de personas” en el basurero de Cocula. Eso, según la versión del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

Los asesinos –unas 14 personas, tres de ellas confesas– presuntamente quemaron y requemaron los huesos hasta pulverizarlos. Esperaron a que se enfriaran para fracturarlos en piezas pequeñas, luego los depositaron en bolsas de plástico negras y los esparcieron en el río Cocula. Todo un operativo, dijo el funcionario, para borrar evidencias; el nivel de degradación de los huesos hará difícil su identificación genética.

Como muestra, Murillo Karam exhibió fotos de los supuestos hallazgos en el fondo del basurero conocido como El Hoyo del Papayo (casquillos de bala, pedazos de tierra quemada, dientes y fragmentos de huesos). Las tomas se hicieron en el sitio que, el 28 de septiembre, captó el grupo de fotógrafos que él mismo invitó a conocer: al fondo de un cráter al que los peritos sólo pudieron bajar a rapel.

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El rostro de Julio César

Por Marcela Turati

Su cara no aparece entre las fotografías que exhiben miles de manifestantes en el mundo y que se reproducen en las redes sociales. A él ya no lo busca nadie, está muerto y enterrado. Pero también cayó en Ayotzinapa, lo arrojaron en una calle de Iguala muerto, golpeado, desollado. Para su joven viuda, Marisa Mendoza, y para su hija de dos meses, siempre será el joven idealista que murió por educarse como maestro rural. Para el resto, un cuerpo que un día puede tener el rostro de un familiar o de un amigo.

Se enteró del asesinato de su esposo, Julio César Mondragón Fontes, a través de las redes sociales: lo reconoció por su playera roja y su bufanda. Cuando acudió al Servicio Médico Forense de Chilpancingo un doctor le dijo: “Tiene que ser fuerte para lo que va a ver, a su esposo lo desollaron vivo”, y sin más se lo mostraron así, sin cara, sin ojos, el cuerpo moreteado, junto a los cadáveres de dos de sus compañeros normalistas, ellos asesinados con balas.

Estos días recibió dos cheques en su casa: uno por 5 mil, el otro por 10 mil, cortesía del gobierno del estado de Guerrero. Para Marisa Mendoza, la viuda de 24 años, ahora madre sola de una bebé de dos meses, la revictimización no ha terminado. (más…)

La búsqueda loca de la PGR

Por Marcela Turati

A ciencia cierta, el procurador Jesús Murillo Karam no sabe cómo o dónde buscar a los 43 normalistas de Ayot­zinapa desaparecidos. Sus peritos van por ahí, dando bandazos en la incertidumbre, tropezándose con los agentes de la procuraduría guerrerense y con el equipo de forenses argentinos y, al mismo tiempo, tratando de remediar las pifias de las autoridades locales y montando espectáculos fallidos para los medios. No saben si buscar más fosas, si revisar cuevas, cárceles o bodegas. Y ante el airado reclamo de los familiares de los estudiantes, el discurso cambió: los buscaban muertos y ahora los buscan vivos, pero con los mismos resultados.

Quienes lo han visto en estos días describen al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como un hombre preocupado, con los ojos rojos por las horas robadas al sueño, que maneja casi de memoria los datos clave de las declaraciones de los detenidos – a quienes en ocasiones él mismo ha interrogado– relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Tiene en la pared de su oficina diagramas y mapas para darle sentido a la información.

La búsqueda de los estudiantes guerrerenses detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes los entregaron a criminales y –según han declarado– éstos a su vez a otros y éstos a otros, tiene a Murillo, a su equipo de trabajo y al gobierno de Enrique Peña Nieto contra las cuerdas y bajo el escrutinio internacional. (más…)

“Ellos siguen mandando aquí”

Por Marcela Turati

“¿Sabe por qué no hablamos? Hablar es ir al panteón”. Reportaje de la Turati

IGUALA, GRO.- La regidora Marina Hernández de la Garza, del PRI, se pelea a los gritos, mienta madres, señala con rabia al hombre del pantalón café que ahora platica con otros dos pero que la espía desde afuera de su oficina: vigila si habla con periodistas, si va al baño, si se encuentra con alguna persona. Y lo informa a alguien.

Aunque la Gendarmería tomó la ciudad acéfala de poderes políticos –el presidente municipal perredista José Luis Abarca, su esposa y tres funcionarios investigados por sus vínculos con el narcotráfico están prófugos desde el 1 de octubre–, Iguala se mantiene controlada por poderes paralelos.

La poca gente que tiene información y se anima a hablar avisa que está dictando su sentencia de muerte.

“Me da mucho temor hablar, pero creo que ya no tengo vuelta atrás, ya no tengo forma de callar”, dice tragando saliva la regidora Sofía Mendoza Martínez, del PRD, viuda de Arturo Hernández Cardona, el luchador social de cuya muerte se acusa al alcalde fugado, al momento de relatar la historia de la represión que nadie escuchó hasta que el gobierno federal puso el ojo en ese municipio. (más…)

CONTRA LOS ‘AYOTZINAPOS’, ODIO CRIMINAL

Por Marcela Turati

IGUALA, GRO. (Apro).- “Vi al herido, pero no lo atendí porque no era mi responsabilidad”. El médico cirujano Ricardo Herrera lo dice con naturalidad, con un dejo de satisfacción por el deber cumplido al dejar sin auxilio al estudiante con la quijada rota, la cara perforada por un balazo, que requería atención urgente la noche del 26 de septiembre, cuando lo encontró escondido dentro de su hospital, con una veintena de estudiantes normalistas.
En vez de auxiliarlo habló a la Policía Municipal para que se los llevara. Llamó a la misma autoridad que esa noche emboscó hasta tres veces a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, destrozó a balazos los autobuses que los transportaban y, en un episodio aún irresuelto —en el cual participaron sicarios del Cártel Guerreros Unidos—, mató a dos adultos y a cuatro estudiantes —uno de ellos apareció desollado: sin rostro, con los ojos arrancados—, y se llevó detenidos a otros 43 que aún no aparecen.
Para este médico, el herido no tenía más que un rozón que le partió los labios y andaba platicando con sus compañeros como si nada. Y justifica su indolencia:
“‘Los ayotzinapos’ vienen agresivos, violentos, sacan a los pacientes, destruyen, vienen como delincuentes. Si de veras son estudiantes, eso no se hace”. Esa reacción es similar a la de muchos igualtecos, quienes al igual que militares, paramédicos, ministerios públicos y policías estatales dieron la espalda a los estudiantes de esa escuela donde se forman profesores rurales y donde el requisito para matricularse es ser pobre.
Cuando se le recuerda al médico que los estudiantes están desaparecidos y podrían haber terminado en fosas —como han declarado policías y narcos detenidos por la Procuraduría federal— dice: “Eso es lo que va a pasar a todos ‘los ayotzinapos’, ¿no cree?”.

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Los Huérfanos de San Fernando

Omoa, Honduras.— J. corre a la casita de block donde vive con su abuela y regresa con una foto enmarcada de Misael, su papá, a quien dejó de ver hace cuatro años aquella madrugada cuando se despidieron con un beso porque se iba a Estados Unidos. “No se vaya, papito”, le dijo entonces, adormilado. Cada tanto, al recordar el adiós, dice a su abuela Ángela: “Si me hubiera hecho caso no lo hubieran matado”.

Misael Castro Bardales, además de ser padre de J. es uno de los 72 migrantes asesinados por Los Zetas en agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas.

Es un muerto vivo, ya que aunque su cadáver fue identificado por sus familiares las autoridades mexicanas no lo reconocen entre los muertos. Las autoridades mexicanas lo identificaron mal, enviaron su cuerpo a Honduras bajo el nombre de otra de las víctimas de la masacre y nunca corrigieron su acta de defunción. Nunca certificaron su muerte.

Esa omisión ha hecho que la abuela de J., la dulce mujer que quedó a cargo de él, batalle para todo. Hasta para conseguirle la beca escolar a la que el niño tiene derecho.

“Me habían ofrecido un bono de 10 mil lempiras (500 dólares al año) y no podemos lograr porque no hay difunción”, dice doña Ángela. (más…)